El Tribunal de Casación bonaerense ratificó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que declaró la nulidad de las escuchas telefónicas que funcionaron como punto de partida y principal prueba en la causa contra Rodolfo Lópes y su posterior destitución como jefe comunal en 2006.
El fiscal Gustavo Zorzano acusó a Lopes de malversar fondos públicos de la MBB y de estafar a las empresas PBB Polisur, Solvay Indupa y Profertil. Las escuchas surgidas de los entrecruzamientos de los celulares del por entonces intendente y de la secretaria de gobierno Mónica Grimberg - entre otros- fueron la punta de lanza de la investigación que concluyó con el procesamiento de ambos y de los empresarios Fernando Balajovsky, Jorge Borneman, Edgar Juan Pedro Bosso y Néstor Hugo Richiotti. El ex contador comunal Domingo Cullota también había sido imputado por estafa, mientras que sobre Grimberg recayó el cargo de peculado. La causa se desmorona al descartarse el principal elemento de prueba que se tenía contra Lópes y el resto de los implicados en el escándalo que se conoció a nivel nacional como “Bahíagate”.
La declaración de la ilegalidad de las escuchas las invalida como pruebas al establecer que estas fueron obtenidas ilegitimamente pero no las define como falsas o trucadas.
Resta saber ahora cuál será el próximo paso de Lópes y los representantes de su defensa. Por su parte, a la Municipalidad de Bahía Blanca, querellante en la causa, y al fiscal actuante ante la Cámara de Casación Carlos Altuve les queda la posibilidad de apelar el fallo en la Corte provincial.
