Continúan las repercusiones por el sobreseimiento del ex intendente Rodolfo Lópes en la causa que lo tenía como principal imputado por estafa. El fallo absolutorio generó polémica y preguntas con respecto al proceso que derivó en su destitución en 2006. El abogado constitucionalista Carlos Baeza conversó con La Bisagra y precisó que la destitución del ex jefe comunal siguió un carril distinto a la denuncia penal porque lo hizo conforme a la Carta Orgánica Municipal por medio del Honorable Concejo Deliberante.
El carril penal, que es independiente del político y siguió un camino diferente, comenzó por una denuncia efectuada por la ex funcionaria Nora Martínez. Baeza explicó que para obtener una prueba válida el método de obtención debe haber sido válido e indicó que dado que las pruebas presentadas en el caso Martínez se obtuvieron de manera ilegal, no pueden utilizarse para llevar adelante un procedimiento. De esta manera agregó que el error fue del Estado, por lo que la víctima no puede pagar por ello. “Aquí hubo una falla de procedimiento y Casación lo viÓ de esta forma. Se decidió intervenir el teléfono sin considerar un posible avance de la causa”, continuó y afirmó que la prueba ilegalmente obtenida, “no puede servir de base para que el Estado juzgue a una persona, por lo que ahora puede venir el reclamo en concepto de responsabilidad por daños porque toda persona que ha sufrido un daño, debe ser compensado por ello según la Constitución”.
